Por Sandy Mercedes
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Donde
quiera que voy escucho la misma pregunta, formulada a veces con sarna, rabia
disimulada e impotencia, por empresarios de todos los niveles: cuantos políticos
están en condiciones de probar la legitimidad del patrimonio que poseen.
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| Sandy Mercedes |
Si se
analizara el caso por los salarios añadiendo incluso los incentivos y otros
privilegios que el estado les permite y en ciertos casos se auto asignan, habría
que convenir, muy lastimosamente, cuan pocos de ellos pasarían la prueba.
El
problema es que en este país por décadas todo les esta permitido por cuanto un
puesto publico es el camino mas corto y seguro al enriquecimiento, sin
necesidad de dar explicaciones y asumir el costo.
En
cualquier otra parte del mundo democrático esa practica esta sujeta a severas
sanciones legales y a la repulsa moral.
En
cambio, en nuestro país los ciudadanos que han tenido la oportunidad de prestar
sus servicios al Estado y han atravesado esa experiencia sin tocar lo que no
les pertenece, por lo regular no gozan del aprecio publico del que se hacen
merecedores por su buena conducta social.
El
poder atrae y quienes lo ejercen han sabido aprovecharse de la debilidad
institucional que ha hecho una costumbre preferir un buen y confiable amigo en
el Palacio Nacional a un estado firme de derecho, garante de las libertades
ciudadanas y, por ende, de la actividad empresarial.
Por esa
razón las elecciones son especie de circos con aspirantes a cargos en el
Congreso y los municipios disputándoselos como si se tratara de vida o muerte.
Por
eso, los candidatos presidenciales atraen más contribuciones que las mejores
obras de caridad y ayuda al prójimo.
Y por
esa misma razón, estamos condenados a seguir padeciendo los excesos de poder
que provienen de todas las latitudes de la esfera política
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